Asilo político y apátridas

¿Qué es el Asilo Político en España?

En el ámbito de la Protección Internacional se ofrece protección a través del Asilo Político a aquellas personas a las que se reconozca la condición de refugiado, y a través de la Protección Subsidiraria, a aquellas personas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.
Los temores deben ser fundados y estar relacionados con persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Para que el derecho de asilo sea reconocido, debe quedar probado que los temores son fundados y se basan en actos lo suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales amparados en el apartado segundo del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , o bien, ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar.

Actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.
Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria.
Procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios.
Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias.
Procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material.
La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante.
Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

A permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional.
A ser documentado como solicitante de protección internacional.
A asistencia jurídica, gratuita en caso necesario.
A la asistencia de intérprete en una lengua que le sea comprensible.
A que se comunique su solicitud a ACNUR.
A la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectarle.
A conocer el contenido del expediente en cualquier momento.
A la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones sanitarias.
A recibir prestaciones sociales específicas.

Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento.
Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección.
Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último extremo.
Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él.
Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.

Solicitada la protección internacional, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida.
La solicitud de protección dará lugar al inicio del cómputo de los plazos previstos para su tramitación.
El solicitante podrá beneficiarse, siempre que carezca de recursos económicos, de los servicios, ayudas y prestaciones sociales de los diferentes programas de acogida gestionados por las Administraciones Públicas competentes.